Publicado el 15 de agosto de 2024 por CIEL by CIEL
Por Carla García Zendejas, Directora del Programa de Pueblos, Tierras y Recursos de CIEL, y Lani Furbank, Especialista en Campañas de Comunicación.
A cientos de kilómetros del centro urbano de Panamá, los pueblos indígenas Ngäbe, Buglé y Campesino viven en algunos de los últimos bosques tropicales intactos del mundo, un lugar que han llamado hogar durante generaciones. Esta tierra ancestral ha sido fuente de sustento, medicina y comunidad para los pueblos indígenas, así como un enorme sumidero de carbono para el mundo.
Pero en 2017, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial aprobó una inversión en servicios de asesoría para financiar una línea de transmisión eléctrica de 330 kilómetros de longitud. Conocida como "Línea IV", este proyecto atravesaría directamente territorios indígenas. De construirse, la línea de transmisión no solo amenazaría los derechos, los medios de vida y las tradiciones de los pueblos indígenas, sino que también podría abrir la región a un mayor desarrollo no deseado, desde nuevas carreteras hasta proyectos mineros masivos. Estas pérdidas podrían llevar a las comunidades, especialmente a las generaciones más jóvenes, a abandonar la región.
Defensa del territorio indígena
Debido a este riesgo, los líderes de las comunidades indígenas se propusieron defender su hogar, su forma de vida y su derecho a la autodeterminación, y buscaron apoyo legal de CIEL. En 2018, el Programa de Pueblos, Tierras y Recursos de CIEL acompañó al Movimiento para la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB) en la presentación de una queja ante el mecanismo independiente de rendición de cuentas de la IFC, el Asesor en Cumplimiento y Ombudsman (CAO).
Poco después, las consecuencias de la pandemia de COVID-19 complicaron aún más de lo habitual la comunicación y el acceso a esta zona remota y también ralentizaron el progreso de la planificación de la construcción del oleoducto. CIEL aprovechó este momento para plantear las preocupaciones de la comunidad ante los órganos y mecanismos de tratados de la ONU, trabajando estrechamente con MODETEAB para mejorar su infraestructura digital y coordinar la logística para poder presentar su caso a nivel internacional.
Argumentando que el gobierno de Panamá está obligado a respetar el derecho de los Pueblos Indígenas al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), MODETEAB intervino ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dos órganos de tratados de la ONU: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CCPR).
Victorias ante la ONU y la CAO
En 2023, el testimonio de MODETEAB dio lugar a declaraciones de organismos de la ONU que advertían que Panamá no respetaba los derechos de los Pueblos Indígenas en el contexto de proyectos de desarrollo como la Línea IV.
Un año antes, en 2022, la CAO determinó que la IFC violó su propia política de sostenibilidad al respaldar el proyecto. El informe del CAO dejó claro que no se había consultado adecuadamente a la comunidad sobre el proyecto y que la empresa estatal debe obtener el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas antes de proceder con la construcción.
Actualmente, la IFC está implementando un plan de acción de gestión (PAG) que busca responsabilizar al gobierno de Panamá de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas. Este es el segundo borrador del PAG, en el que MODETEAB y CIEL tuvieron la oportunidad de participar gracias a la incidencia de CIEL y sus socios. En un giro significativo, como parte del PAG, el presidente del Banco Mundial y el vicepresidente regional de la IFC hablaron con representantes del gobierno panameño y la gerencia de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), empresa estatal, sobre la necesidad de llevar a cabo el proceso de CLPI.
Mirando hacia el futuro
Mientras el gobierno de Panamá avanza en la búsqueda de un desarrollador para el proyecto, el cronograma debe incluir un proceso legítimo de CLPI antes de iniciar la construcción. Y la IFC debe seguir participando para garantizar que esto suceda.
Las condiciones en Bocas del Toro son actualmente bastante inestables, con actos de intimidación y violencia perpetrados en la comunidad por actores gubernamentales sin justificación alguna, incluyendo la confiscación de tierras y la destrucción de propiedades. Sin embargo, aún hay tiempo para prevenir mayores daños si la CFI aplica sus propios estándares sobre derechos indígenas y defiende el principio internacional del CLPI.
Impacto duradero para la rendición de cuentas en el sector financiero
Este caso histórico podría ser un ejemplo positivo de un proceso de rendición de cuentas independiente que cumple su propósito al garantizar la protección de los derechos y evitar la posibilidad de daños significativos. Ha sentado el precedente crucial de que los actores financieros para el desarrollo no pueden eludir sus responsabilidades con los pueblos indígenas con impunidad. Y las medidas que la CFI se comprometió a tomar en respuesta, si se implementan adecuadamente, representan un paso importante para garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
Este caso fue uno de los primeros en beneficiarse de las nuevas políticas que reconocen el papel crucial de las comunidades afectadas por proyectos en la cocreación de soluciones mediante los planes de acción de la gerencia de la IFC. Estamos presenciando cambios en la cultura de la IFC, impulsados por este y otros casos complejos y frágiles que han desafiado las ideas preconcebidas sobre los demandantes. Y aunque esta receptividad no se extiende a toda la institución, sí demuestra un cambio notable dentro de la IFC, y sus efectos duraderos beneficiarán a innumerables comunidades en el futuro.
Los esfuerzos de CIEL para apoyar a las comunidades y exigir responsabilidades a las instituciones seguirán siendo cruciales a medida que el panorama cambia y los inversores buscan invertir en industrias nuevas y riesgosas que representan serias amenazas para las comunidades de todo el mundo. En particular, a medida que crece la demanda mundial de minerales de transición, centramos nuestros esfuerzos en implementar estas estrategias para garantizar que la industria minera respete las salvaguardias.
Source: https://www.ciel.org/supporting-indigenous-rights-in-panama/
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