Línea de Transmisión IV de Panamá amenaza los derechos territoriales de los pueblos indígenas

By CIEL

Last updated July 2018

CIEL apoya a la Organización Territorial Ngäbe, Buglé y Campesinos de la Región Norte de Santa Fe, al Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Boca del Toro (MODETEAB) y a la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) en la preocupación por la falta de consulta con las comunidades indígenas sobre el proyecto de la Línea de Transmisión IV (PL IV). Juntos hemos presentado una queja impugnando la inversión de la Corporación Financiera Internacional (CFI) en este proyecto.

El proyecto de la Línea de Transmisión IV (PL IV) crearía una línea de transmisión eléctrica a lo largo de 330 kilómetros de la costa atlántica de Panamá. Atravesando las tierras y territorios ancestrales de las comunidades indígenas y algunas de las últimas selvas tropicales vírgenes del país, la línea de transmisión no solo amenaza los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente en un país vulnerable al cambio climático, sino que además amenazaría con agravar estas consecuencias al abrir la región a un mayor desarrollo, desde nuevas carreteras hasta proyectos mineros masivos.

Si bien las comunidades indígenas Ngäbe y Buglé han ocupado estos territorios durante miles de años, el gobierno de Panamá no ha reconocido legalmente su derecho colectivo a la tierra, un derecho protegido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta falta de reconocimiento ha impedido que las comunidades indígenas ejerzan su derecho al consentimiento libre, previo e informado en relación con proyectos de desarrollo como el PL IV, lo que significa que podrían perder no solo el acceso a sus tierras, sino también los valores culturales, las tradiciones y las identidades étnicas asociadas a esos territorios ancestrales. Los nuevos proyectos de desarrollo en la región también podrían amenazar los medios de vida de las personas, a la vez que aumentan el costo de vida en la zona.

Además, la línea de transmisión, y la construcción de infraestructura que la acompañaría, afectarían negativamente a algunas de las últimas selvas tropicales intactas que quedan en Panamá, parte del Corredor Biológico Mesoamericano, una zona de gran diversidad biológica y que desde hace tiempo ha estado bajo la protección de los pueblos indígenas. La maquinaria pesada y la minería en estos bosques ya han comenzado a contaminar los ríos, que constituyen la principal fuente de agua para muchas comunidades indígenas, y la nueva línea de transmisión provocaría mayor deforestación y daños ambientales. Estudios han demostrado que las comunidades indígenas se encuentran entre los administradores más eficaces de los bosques y la tierra contra el cambio climático; sin embargo, nuevos proyectos de desarrollo podrían exacerbar el cambio climático tanto al acelerar la deforestación como al socavar el control que las comunidades indígenas tienen sobre sus tierras.

La CFI, la rama privada del Banco Mundial, está trabajando con la empresa estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) para financiar, construir y operar la PL IV. La CFI ha destinado un presupuesto estimado de 1,9 millones de dólares para apoyar el desarrollo del proyecto. A pesar de la persistente incertidumbre sobre los detalles e impactos del proyecto, el gobierno de Panamá avanza con el proceso de licitación y prevé iniciar la construcción en 2019.

Las organizaciones locales MODETAB, ACD y la Organización Territorial Ngäbe, Buglé y Campesinos de la Región Norte de Santa Fe están trabajando con CIEL para presentar sus inquietudes ante la Oficina del Defensor del Pueblo (CAO), el mecanismo de rendición de cuentas de la IFC. Las comunidades argumentan que la falta de consulta por parte de ETESA con las comunidades indígenas sobre el proyecto viola las políticas sociales y ambientales de la IFC, incluidas sus políticas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y han solicitado un diálogo con ETESA para exigir el reconocimiento y respeto de su derecho a la tierra. La queja fue considerada admisible por la CAO en julio de 2018, y el caso está actualmente en trámite.

SOURCE: https://www.ciel.org/project-update/panama-transmission-line-iv/