Toda negociación con los pueblos indígenas Ngäbe y Buglé sobre la Cuarta Línea de Transmisión de Panamá debe cumplir con el derecho panameño e internacional
CIEL Press Release
November 24, 2021
El miércoles pasado, la Empresa de Transmisión Eléctrica del Estado panameño (ETESA) anunció que llegó a un convenio con algunas autoridades indígenas para permitir que la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica de Panamá atraviese el territorio de los pueblos indígenas Ngäbe y Buglé. Esta interacción dista mucho de lo necesario para cumplir con las obligaciones de Panamá de garantizar los derechos de todas las comunidades indígenas afectadas, incluido su derecho a otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado (CLPI), el cual está protegido tanto por el derecho nacional como por el derecho internacional.
Frente a este pronunciamiento de ETESA sobre el proyecto de la Cuarta Línea de Transmisión, Feliciano Santos, Coordinador del Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB), declaró:
Nos preocupa profundamente que el Estado panameño haya permitido que ETESA negocie un convenio de esta envergadura con autoridades que carecen de legitimidad, debido a que el período para el cual fueron electas ya venció, y debido a que —incluso durante su mandato conforme se establece en la ley— solo representaron a una de las múltiples regiones de la Comarca Ngäbe, Buglé y Campesinos.
Confirmamos que este proceso de supuesta negociación con los pueblos Ngäbe y Buglé se ha llevado a cabo en contravención de la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe-Buglé, de la Ley 10 de 1997 que estableció la Comarca, y de la Ley 37 de 2016 que reconoció nuestro derecho al consentimiento libre, previo e informado. En particular, resaltamos que las comunidades indígenas que viven fuera de la Comarca Ngäbe, Buglé y Campesinos no han sido consideradas para participar en procesos de consulta para la Cuarta Línea en ningún momento. Esto a pesar de que se prevé que el proyecto traerá consigo graves consecuencias para nuestras comunidades, nuestros territorios ancestrales y la naturaleza que hemos protegido y que nos ha sostenido durante generaciones.
Es inaceptable que el Estado panameño permita que una empresa entre en nuestros territorios indígenas y busque acuerdos que no cumplen con nuestras leyes con el fin de aprovechar nuestras tierras y saquear su riqueza, tal como en los días de la colonización.
Sarah Dorman, abogada con el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), enfatizó:
En virtud de los estándares del derecho internacional, Panamá tiene la obligación de consultar y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas con el fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios o recursos. Además, a principios de este año, el Estado panameño se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a mejorar la participación y la consulta previa de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones. Por su parte, ETESA también se ha comprometido a cumplir estos estándares internacionales, incluso a través de procesos de consulta y de consentimiento libre, previo e informado, tanto con las comunidades indígenas que viven en la Comarca como con las que habitan fuera de ella.
Panamá aún está a tiempo para traducir estos compromisos en hechos, esto escuchando las preocupaciones de cada una de las comunidades indígenas afectadas y realizando todos los esfuerzos necesarios para abordarlas antes de avanzar con el proyecto de la Cuarta Línea.
Nota para editores:
De construirse, la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica de Panamá se extendería por cientos de kilómetros a lo largo de la costa atlántica de Panamá, atravesando no solamente la región Ño Kribo de la Comarca Ngäbe, Buglé y Campesinos, sino también otras regiones y territorios que por milenios han sido hogar de los pueblos Ngäbe y Buglé. Entre las comunidades indígenas potencialmente afectadas por la Cuarta Línea se encuentran las que habitan en las áreas anexas a la Comarca en Bocas del Toro, así como las que viven fuera de la Comarca en la región Norte de Santa Fe, las cuales continúan exigiendo el reconocimiento oficial por parte del Estado panameño.
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